Notaria de Puerto Rico afirma que Karibe expuso el fraude inmobiliario, no lo causó
Una abogada y notaria sostuvo que Karibe, la plataforma digital del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, no es responsable del fraude inmobiliario que revelaron investigaciones recientes y reclamó, en cambio, controles registrales básicos y la interconexión de los registros gubernamentales, en una columna de opinión publicada por Microjuris al Día el 20 de noviembre de 2026 (aldia.microjuris.com).
Por qué la columna defiende a Karibe
La columna responde a investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo y Rayos X sobre terrenos públicos y propiedades privadas presuntamente apropiados mediante certificaciones y escrituras públicas falsificadas que luego se inscribieron en el Registro de la Propiedad. Desde entonces, gran parte de las críticas públicas ha recaído sobre los notarios, escribió la autora.
A su vez, varios notarios han criticado a Karibe, según la columna, con el argumento de que su acceso abierto a documentos podría utilizarse para copiar firmas, reproducir sellos notariales o incluso falsificar escrituras. La autora, quien también cursa una maestría en derecho notarial y registral inmobiliario, señaló que eso es confundir el síntoma con el problema: a su juicio, la debilidad está en los sistemas notarial y registral.
La autora atribuyó a la plataforma el mérito de haber permitido que saliera a la luz el esquema. Sin el acceso que ofrece Karibe, escribió, los periodistas no habrían podido examinar miles de transacciones, detectar los patrones ni mostrar cómo se apropiaron de terrenos que pertenecen a todos. Limitar ese acceso no detendrá el próximo fraude, planteó la columna.
Las fallas que la autora pide subsanar
La columna distingue entre dos casos: terrenos del Estado transferidos mediante certificación y propiedades privadas traspasadas mediante escrituras públicas autorizadas por notarios, algunos de los cuales han fallecido y otros que alegan ante el tribunal haber sido engañados sobre la identidad de quienes firmaban. En cuanto a los terrenos del Estado, cuestiona cómo alguien obtuvo detalles registrales tan específicos sobre propiedades antiguas sin actividad registral reciente.
Bajo la ley vigente, escribió la autora, una escritura puede presentarse al Registro después de que haya fallecido el notario que la autorizó, pues su presentación es voluntaria. Sugirió que este trámite sea obligatorio dentro de un plazo breve después de la firma y que solo pueda realizarlo el notario autorizante. Antes de inscribir cualquier documento, señaló, el Registro debería verificar, como mínimo, que el notario estuviera vivo y autorizado a ejercer en la fecha de la firma.
Su principal preocupación es que los registros de Puerto Rico no se comunican entre sí. La ODIN, la oficina que expide certificaciones de vigencia de poderes, no está conectada al Registro Demográfico, por lo que sigue emitiéndolas después de que fallece la persona que otorgó el poder, aunque la muerte lo extingue. En la práctica, escribió, un propietario fallecido puede vender una propiedad mediante un apoderado.
La autora mencionó a Estonia, Chile y Costa Rica como países que llevaron el notariado y los registros de la propiedad a la era digital. Exhortó a los legisladores a actualizar la ley para incorporar firmas digitales cualificadas, plataformas seguras de autenticación remota, identificación biométrica y blockchain, y advirtió que nada de eso será suficiente si el Registro Demográfico, la ODIN y el Registro de la Propiedad no pueden compartir información.
Los precios de oferta de terrenos en toda la isla
Los terrenos representan gran parte de los bienes que cambiaron de manos, según describen las investigaciones. Actualmente, hay 4,629 propiedades de terreno anunciadas para la venta en todo Puerto Rico, con un precio de oferta mediano de $179,000, una cifra que refleja lo que piden los vendedores y no lo que pagaron los compradores.